Ley de 16 de diciembre de 1954, Ley de Expropiación Forzosa

El artículo 5 de la Ley de Expropiación Forzosa regula la participación del Ministerio Fiscal y de quienes presenten títulos contradictorios sobre el objeto en el expediente expropiatorio.

La Dirección General de los Registros y del Notariado, en Resolución 6455/2019, de 11 de abril, resuelve sobre la necesidad de la intervención del Ministerio Fiscal en un expediente de justiprecio. En la nota de calificación del supuesto sobre el que se pronuncia, se indica que «tampoco se acredita que a falta de comparecencia de los anteriores, haya intervenido en el expediente el Ministerio Fiscal (arts. 5, 8 y 21 de la Ley de Expropiación Forzosa, Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado, de 17 de octubre de 2005)”.

Según el artículo 5.1 de la Ley de Expropiación Forzosa, “se entenderán las diligencias con el Ministerio Fiscal cuando, efectuada la publicación a que se refiere el artículo dieciocho, no comparecieren en el expediente, los propietarios o titulares, o estuvieren incapacitados y sin tutor o persona que las represente, o fuera la propiedad litigiosa”.

En el expediente de justiprecio carece de sentido la publicación de la relación de bienes y derechos cuya expropiación se considere necesaria, así como la publicación del acuerdo de necesidad de ocupación, dado que dichos documentos no existen en una expropiación por ministerio de la ley, al venir la declaración de utilidad pública, el detalle de los bienes y la necesidad de ocupación derivadas de la aprobación del propio PGOU, que además de su tramitación habrá disfrutado del oportuno trámite de información pública.

No cabiendo exigir, en los términos del artículo 18 de la Ley de Expropiación Forzosa, la relación de bienes a expropiar y el acuerdo de necesidad de ocupación, puesto que los mismos no existen como tales en un procedimiento como en que nos ocupa, tampoco puede exigirse la intervención del Ministerio Fiscal. Esta intervención se encuentra reservada expresamente para cuando se producen esas publicaciones y no comparecen los propietarios o titulares, según el artículo 5.1 de la LEF.

Es más, esto resulta plenamente coherente con lo dispuesto en el artículo 51.1.a) del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, que prevé que se consignará la cantidad a la que asciende el justiprecio cuando «no concurra al acto del pago el propietario o titular interesado, por sí o por persona que acredite fehacientemente su representación, o cuando rehúsen recibir el precio», estableciendo, como un supuesto diferente, el siguiente: c) «cuando comparezca el Ministerio fiscal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo quinto de la ley». En otras palabras, el Reglamento está contemplando una situación que el Registrador de la Propiedad parece no admitir, como es la de que no concurran al acto del pago los propietarios, sin que se deba citar al Ministerio Fiscal; si esto no fuera posible y el Ministerio Fiscal debiese comparecer siempre en ausencia de los propietarios, la letra a) no existiría, y bastaría con disponer que procederá la consignación cuando comparezca el Ministerio Fiscal.

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THOMSON REUTERS
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