Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los derechos Digitales

La LO 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), regula por primera vez, en nuestro ordenamiento laboral el derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo.

Respecto al uso de dispositivos de videovigilancia hay que tener en cuenta las siguientes reglas:

  • Los empleadores podrán tratar las imágenes obtenidas a través de sistemas de cámaras o videocámaras para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores o los empleados públicos previstas, respectivamente, en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores y en la legislación de función pública, siempre que estas funciones se ejerzan dentro de su marco legal y con los límites inherentes al mismo.
  • Los empleadores habrán de informar con carácter previo, y de forma expresa, clara y concisa, a los trabajadores o los empleados públicos y, en su caso, a sus representantes, acerca de esta medida.
  • En el supuesto de que se haya captado la comisión flagrante de un acto ilícito por los trabajadores o los empleados públicos se entenderá cumplido el deber de informar cuando existiese al menos un dispositivo informativo o cartel, en lugar suficientemente visible identificando, al menos, la existencia del tratamiento, la identidad del responsable y la posibilidad de ejercitar los derechos ARCO-POL.
  • En ningún caso se admitirá la instalación de sistemas de grabación de sonidos ni de videovigilancia en lugares destinados al descanso o esparcimiento de los trabajadores o los empleados públicos, tales como vestuarios, aseos, comedores y análogos.

Más restrictiva aun es la regulación de la grabación de sonidos, disponiendo la LOPDGDD que la utilización de sistemas para la grabación de sonidos en el lugar de trabajo se admitirá únicamente cuando resulten relevantes los riesgos para la seguridad de las instalaciones, bienes y personas derivados de la actividad que se desarrolle en el centro de trabajo y siempre respetando el principio de proporcionalidad, el de intervención mínima y las garantías previstas en los apartados anteriores.

La nueva regulación para la protección del derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral, dispone que:

  • Los empleadores podrán tratar los datos obtenidos a través de sistemas de geolocalización para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores o los empleados públicos previstas, respectivamente, en el art. 20.3 ET y en la legislación de función pública, siempre que estas funciones se ejerzan dentro de su marco legal y con los límites inherentes al mismo.
  • Con carácter previo, los empleadores habrán de informar de forma expresa, clara e inequívoca a los trabajadores o los empleados públicos y, en su caso, a sus representantes, acerca de la existencia y características de estos dispositivos.
  • Igualmente deberán informarles acerca del posible ejercicio de los derechos ARCOPOL.

La doctrina judicial considera válido el control de la actividad laboral a través de estos sistemas, pero, en la medida en que puede afectar a la intimidad o al derecho a la protección de datos (art. 18 CE), se exige que haya previa información al trabajador sobre su utilización, y además que el control sea limitado y no se utilice más allá del control de la actividad durante la jornada laboral.

Base legal: arts. 89 y 90 LOPDGDD

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THOMSON REUTERS
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