La posición jurídica de la Administración y del obligado tributario an te el descubrimiento de hechos fiscales con relevancia penal(Dúo)

SINOPSIS

Aborda el cambio que experimenta el estatus jurídico de la Administración y de los obligados tributarios ante la aparición de hechos fiscales con relevancia penal durante el desarrollo de las actuaciones inspectoras.

• Análisis de una cuestión novedosa que hasta la fecha no había sido objeto de estudio.
• Carácter multidisciplinar del trabajo en el que se ven implicadas las materias tributaria, constitucional, administrativa y penal.
• Incorporación de una propuesta legislativa que dote de seguridad jurídica tanto a la actuación de la Administración como a la situación del obligado tributario.

Marta Moreno Corte es Profesora de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid.
Destinado a abogados en el ámbito del Derecho de la Circulación y Tráfico Vial, administrativistas, administraciones públicas, municipios y provincias y compañías de seguros.

Extracto:

La aparición de sospechas de delito (que no de indicios) en el seno de las actuaciones inspectoras está falta de una adecuada regulación legal e inmersa en una incertidumbre jurídica que afecta tanto a la Administración en su actuación (por carecer de las competencias necesarias para investigarlas) como al obligado tributario en su posición (por permanecer inactivo su derecho de defensa so pretexto del deber de colaboración). Esta obra aborda el cambio en la posición jurídica de la Administración (de policía fiscal a policía judicial de facto) y del obligado tributario (de inspeccionado a sospechoso) desde la aparición de las sospechas iniciales de delito, con la intención de buscar un adecuado equilibrio entre el deber de contribuir y los derechos fundamentales de los obligados tributarios. Se trata de garantizar que el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos se materialice únicamente “con arreglo a la ley” (art. 31.3 CE), para lo cual sería necesario habilitar legalmente a la Administración tributaria para que pueda investigar legítimamente hechos fiscales con trascendencia penal, pero activándose al mismo tiempo los derechos de defensa del obligado tributario.

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