Las Alternativas a la Expropiación Forzosa

La expropiación forzosa ha sido, y continua siéndolo, una institución fundamental para satisfacer los intereses generales. Por ejemplo, la construcción de la mayoría de las grandes infraestructuras y obras públicas sería impensable sin tal potestad pública. Ahora bien, tal apreciación no debe ocultar el hecho de que se trata de una institución que está en crisis. Circunstancia esta suficientemente analizada por la doctrina en relación con aspectos tales como la desnaturalización de la expropiación urgente, por ofrecer un dechado. No obstante lo anterior, mediante el presente estudio se llevan a cabo una serie de reflexiones adicionales sobre algunas cuestiones que creemos que no han sido objeto de un tratamiento profundo, que se resumen en la necesidad de utilizar la expropiación forzosa únicamente cuando sea necesaria y no existan mecanismos alternativos. A tal efecto, el trabajo se divide en dos grandes partes. Una primera, dedicada a ofrecer reglas o pautas que guíen la actuación administrativa, como es la regla del balance costes-beneficios cuyo origen situamos en la doctrina del Consejo de Estado francés aunque con aplicaciones en nuestra jurisprudencia. La segunda parte analiza ejemplos normativos en los que la expropiación se configura como la o se posibilitan alternativas a la misma, ratificando la tesis que se defiende en el estudio de un uso racional de la institución. En todo caso, se concluye con la necesidad de que se aborde de una vez por todas la reforma de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954. Finalmente, cabe señalar que las reflexiones indicadas se han extraído tanto del estudio de la propia institución desde un punto de vista teórico-doctrinal, como de la experiencia práctica relacionada con el procedimiento expropiatorio, por lo que entendemos que puede resultar un trabajo de interés para todos los que estén relacionados con la institución, ya sea desde un punto de vista dogmático como aplicativo (y, a su vez en relación con este campo, tanto para los gestores públicos como para los asesores de sujetos privados afectos a una expropiación).

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